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SEGUNDO DEBATE-PROYECTO Nº 33-SOBRE AJUSTES FISCALES
Miércoles, 09 de septiembre de 2009
Señor Presidente, debo iniciar mi intervención señalando que este Proyecto de Ley 33 fue presentado por el Ministro de Economía y Finanzas, el ingeniero Alberto Vallarino, el pasado 18 de agosto y remitido a la Comisión de Hacienda Pública.
En la Comisión de Hacienda Pública, el día 28 de agosto, una semana después de la presentación del proyecto por parte del ministro, hicimos la primera reunión de la comisión para considerar esta iniciativa y nos limitamos a escuchar al señor Ministro de Economía y Finanzas sustentar la propuesta y también abrimos el espacio para que los diputados presentes pudiesen preguntar al señor Ministro de Economía y Finanzas lo que quisiesen con respecto al contenido del proyecto. Luego, como Presidente de la Comisión, hicimos una convocatoria pública, a través de los medios de comunicación, invitando a todos los que quisieran participar del debate para que se anotaran y se les diera el espacio de participación. Y dimos una semana más, es decir, hasta el 1 de septiembre, para iniciar ese proceso de consulta.
Hago todo este recuento, señor Presidente, porque queremos que quede claro que este proyecto se ha discutido sin apuros, se ha discutido sin forzar las situaciones, se ha discutido con todo el tiempo y toda la apertura, para que los distintos sectores que se considerasen afectados con el proyecto pudiesen participar y aportar a la discusión.
Hicimos tres días consecutivos de consulta, 1, 2 y 3 de septiembre y fueron cerca de 40 organizaciones y el 8 de septiembre, una semana después de iniciado el proceso de consulta, le dimos el primer debate, realizando más de veinte modificaciones al proyecto de ley. Un proyecto de ley que vino de la Asamblea con 51 artículos. En las modificaciones, estimados colegas, nosotros recogimos positivamente muchas de las inquietudes que se plantearon durante el debate. Por ejemplo, en el tema del impuesto de inmueble se estableció, durante la consulta, que el mecanismo planteado por el Ejecutivo en su propuesta para el cobro del impuesto del inmueble sobre la finca madre en donde son construidos edificios de propiedad horizontal era excesivamente complejo y que iba a ser, prácticamente, imposible en la vida real el cobro del mismo.
Y como consecuencia de eso, se modificaron esos artículos y se estableció ha recomendación de la ACOBIR y de la Cámara de Comercio, del Colegio de Abogados y otras instituciones simplificar este mecanismo y establecer la eliminación en el caso de los edificios de propiedad horizontal que no son de interés social, se estableció que se eliminaba el tramo ese exonerado de menos de treinta mil. Para efecto de que estos edificios de propiedad horizontal, como muchos que se han construido en los últimos años, edificios con apartamentos de doscientos mil, doscientos cincuenta mil, trescientos cincuenta mil, cuatrocientos cincuenta mil balboas que están exonerados por veinte años del impuesto inmueble, y encima se les exoneraba el terreno donde era construido el edificio, con el objeto, esta modificación, de que al menos los dueños de esos lujosos apartamentos paguen un mínimo porcentaje de impuesto inmueble por la cuarta parte que le corresponde del terreno donde ha sido construido el edificio.
Introdujimos, también, modificaciones en el primer debate, en lo que tiene que ve con el aviso de operación y el impuesto de dividendo que eran dos aspectos que preocuparon, principalmente, a la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. Y se reconoció por parte de la Comisión y el Ministerio de Economía y Finanzas que respetando el principio de zonas libres, debía dárseles un trato especial que no afectase la competitividad de esta zona franca, pero que al mismo tiempo, y sobre todo, significase una mayor contribución por parte de los usuarios de la Zona Libre de Colón al desarrollo social y económico del país. Porque, definitivamente, el esquema que tenemos todavía hoy vigente, es un esquema en el que los asalariados y la clase media de este país están pagando sobre tasas que van hasta el 27 % de impuesto sobre la renta, mientras que grandes empresas ubicadas dentro de la Zona Libre de Colón pagan 0 % de impuesto sobre la renta. Entonces, ese esquema no es justo, y en función de ello se ha establecido, a través de esta reforma, que deberán pagar, una vez sea aprobada la misma, el aviso de operación sobre la base de 1 % y no del 2 % que inicialmente se planteaba, hasta un monto máximo de cincuenta mil balboas. Y se establece en cuanto al impuesto de dividendos que pagarán el 5% y no el 10 % que inicialmente se había planteado.
Se entró, así mismo, a considerar las inquietudes que durante el debate plantearon otros sectores como, por ejemplo, los corredores de seguros, quienes argumentaron durante el debate que cobrarles el ITBMS, como se planteaba en este proyecto de ley, iba a implicar una doble tributación por parte de ellos, ya que ellos señalan que estaban pagando un impuesto de seguro, casualmente, de 5 %. Y en función de eso, ese aspecto fue reconsiderado en esta propuesta.
Entramos, igualmente, a ver, entre otros aspectos, el tema de la tasa única, que hoy en día solo la pagan las sociedades anónimas, y se señaló en la propuesta inicial del Gobierno que deberían también pagar este impuesto o esta tasa, perdón, las sociedades de responsabilidad limitada. Y durante el debate, diversos sectores plantearon que existían otros tipos de personas jurídicas mercantiles que también debían ser objeto de esta tasa única, y en función de ello se abrió el compás y se ha establecido así, que no solamente hasta sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, sino también otros tipos de sociedades que existen, aunque son muy pocas, no se utilizan mucho como las sociedades en comandita.
Igualmente, establecimos algunas adiciones como, por ejemplo, que hoy en día se da la situación de que aquellos que se benefician con los certificados de abonos tributarios pueden verse beneficiados o recibir pago del Estado, aunque no se encuentren al día. Es decir, pueden recibir el certificado de abono tributario y beneficiarse del certificado de abono tributario, aunque estén morosos ellos, esas mismas empresas, en otros impuestos con el Estado. Y lo que se ha señalado es que para poder recibir el beneficio del CAT o de los euros certificados o de cualquier otro documento establecido en leyes especiales o de incentivos fiscales debe, en primer lugar, estar paz y salvo con la administración tributaria. Eso consideramos que es importante y que no tenía ningún sentido que estuviese funcionando como ha estado funcionando antes de esta reforma que estamos aquí planteando.
En cuando al impuesto del cigarrillo, en lo que tiene que ver con el impuesto selectivo al consumo, acabamos de tener, en horas de la mañana, los miembros de la comisión una larga reunión con los representantes de las empresas tabacaleras y el Ministerio de Salud. La propuesta original del Gobierno era aumentar este impuesto selectivo al consumo del 32.5 % actual al 50 %. Y nosotros consideramos, durante el debate, que este impuesto selectivo al consumo no solo tiene un objetivo recaudatorio, es también un instrumento de política pública en materia de salud. Los estudios de la Organización Mundial de la Salud señalan, con claridad, que el precio de la cajetilla de cigarrillo es, quizá, la herramienta más importante para combatir el consumo de esta droga. Y en función de ello, se ha comprobado mediante estudios, realizados por la Organización Mundial de la Salud, que cada aumento porcentual del costo de la cajetilla del cigarrillo tiene como correlación directa una disminución significativa en el consumo de esta droga, especialmente, dentro los sectores más jóvenes.
Por eso, nosotros encontramos toda la justificación del mundo, no solo desde el punto de vista recaudatorio, quiero insistir en ello, sino desde el punto de vista de salud pública, que este impuesto selectivo al consumo sea aumentado todavía más allá de lo que, originalmente, propuso el Gobierno. Y en primer debate se aprobó aumentarlo al 60 % y establecer un mínimo a pagar de setenta y cinco centavos por cajetilla. El sector de las tabacaleras nos planteó, hoy en la mañana, que ellos aspiran a que esta Asamblea apruebe 40 % y un impuesto mínimo de cuarenta y tres centavos. Ellos nos hicieron ahí un ejemplo práctico y una cajetilla que hoy en día paga, cuesta, más bien, al consumidor final dos dólares con veinticinco centavos, su impuesto selectivo al consumo, la fracción de esos dos veinticinco que corresponde al impuesto selectivo al consumo equivale a cuarenta y ocho centavos, bajo la tasa actual de 32.5.
Entonces, se puede apreciar así, con facilidad, que los cuarenta y tres centavos de impuesto mínimo que ellos plantean con una tasa del 40 % va a ser fácilmente superada. Por eso, nosotros consideramos, en el primer debate, que era mucho más lógico, hacía más sentido para el FISCO y para las consideraciones de salud pública del país que se aumentase ese impuesto, tanto en el porcentaje como en el pago mínimo. Y yo creo, sinceramente, y es mi opinión, como Diputado de la República y como uno de los proponentes de la Ley 13 del 2008, la ley antitabaco, que nos quedamos corto con ese 60 % y 75 centavos. Incluso, el Ministerio de Salud que estuvo hoy presente por ese componente de política pública que tiene este impuesto en especial, señalando que a su criterio el porcentaje mínimo de aumento debiese rondar el 100 %, y que el impuesto mínimo a pagar debiese tener como objetivo, lo ideal, que el costo de la cajetilla de cigarrillo de veinte unidades esté cerca de los cinco balboas. Este fue el planteamiento del Ministerio de Salud, hoy en la mañana, como órgano rector de la política salud pública de nuestro país.
Y recordemos que en este aspecto en particular, Panamá es signataria del Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, en donde, entre otras cosas, la República de Panamá se obliga a utilizar la política fiscales y especialmente aquellas relativas a la materia impositiva, para lograr una disminución en el consumo de esta droga que ocasiona miles de muertes en nuestro país y ciento de miles de muertes alrededor del mundo.
Entonces, este es un tema que nosotros ponemos sobre la mesa y queremos indicar, señor Presidente, que vamos a presentar una propuesta de modificación en la dirección de incluir en este artículo, que es el artículo 27 del proyecto de ley en discusión, que este impuesto no solo se aplique a los cigarrillos, sino a todos los productos del derivados del tabaco, entiéndase, puros, abanos y demás. Además, estamos proponiendo la modificación del parágrafo uno, donde dice que la mitad de este impuesto debe ir al Instituto Oncológico, para que haya una distribución de esa mitad del impuesto entre el Instituto Oncológico y otras instituciones que son también parte vital de la lucha contra la pandemia del tabaquismo.
Y en función de la recomendación que hizo el Ministerio de Salud, estamos planteando que esa mitad del impuesto selectivo al consumo que se recaude sea destinado en un 40 % al Instituto Oncológico, otro 40 % al Ministerio de Salud, para la políticas de prevención, como las clínicas de cesación, y un 20 % para la Autoridad Nacional de Aduanas, específicamente para las áreas de lucha contra el contrabando del cigarrillo y demás productos del tabaco. Así mismo, a propuesta de las empresas tabacaleras, vamos a presentar una serie de modificaciones en materia aduanera, para hacer más graves las sanciones para aquellas empresas que se dediquen al contrabando de tabaco. Estamos planteando, por ejemplo, de manera específica, que aquellas empresas que operen dentro de las zonas libres, que se les agarre traficando con el tabaco, se les va a cancelar, de inmediato, la clave o permiso de operación, para que haya una sanción ejemplar para aquellos que permiten y lucran a través de este negocio ilícito, que genera pérdidas económicas para el Estado, en materia de impuestos que se dejan de recaudar, pero que, también, tienen un enorme componente de peligro para la salud pública de este País. Porque esas cajetillas de cigarrillo, como los de la marca IBIZA, que cualquiera puede conseguir en los buhoneros cerca de esta Asamblea, no cumplen con los requisitos de sanidad, no cumplen con los requisitos de encajetado y no cumplen con otra serie de requisitos que la Ley panameña exige para los comercios que, lícitamente, comercian, valga la redundancia, con este producto.
Entonces, tiene que haber mano dura contra quienes participan del contrabando de producto del tabaco. Y, en eso coincidimos, cien por ciento, tanto con el Ministerio de Salud, como con las empresas tabacaleras. Queremos, por un lado, aumentar el impuesto a pagar; pero, por otro lado, destinar parte de ese ingreso adicional a las autoridades encargadas de combatir el contrabando y, al mismo tiempo, queremos introducir artículos nuevos en este Proyecto de ley que haga más duras las sanciones contra quienes participen de este delito de contrabando.
Igualmente, en este Proyecto de ley está incluido el tema de los juegos de suerte y azar. Aquí se quiere dejar claro que, en la actualidad, estas empresas, casinos y salas de juego, pagan un 10% de impuesto. La propuesta que está sobre la mesa en este segundo debate habla de aumentar esos impuestos: 18% para los casinos y 25% para las salas de juegos. Y esa diferencia ente casinos y sala de juegos, está en función de que el Estado considera que si bien son actividades similares, tienen aspectos distintos que generan márgenes de ganancias distintos, que requiere una mayor inversión montar un casino que montar una sala de juego, por ejemplo. Y, allí, la diferenciación que se está planteando en cuanto a impuesto.
Hay, definitivamente, distintos argumentos. Hay quienes plantean que estos impuestos forman parte de los contratos de concesión que se suscribieron en la Administración del señor Pérez Balladares. Hay quienes plantean que no se debe hacer diferenciación entre los casinos y las salas de juegos. Hay quienes plantean que subir del 10% al 18% y hasta 25%, en el caso de la sala de juego, es un aumento desmedido. Todo eso es parte, seguramente, del debate que realizaremos a través de las próximas horas, pero lo que yo sí creo importante es que, al final, con total independencia de los porcentajes que se definan en este debate, por parte de la mayoría, lo que debe suceder es que estas empresas contribuyan con mucho más de lo que contribuyen hoy en día al funcionamiento del Estado panameño.
Es fundamental que estas empresas paguen más por un lucrativo negocio que, según la Constitución, es monopolio exclusivo del Estado panameño, pero que a través de subterfugio, en el periodo 94-99, con este mecanismo de las concesiones administrativas, se permitió que empresas privadas lucraran en este negocio, pero el Estado ha sido poco menos que un socio minoritario en este negocio. Y lo que la Administración Martinelli pretende es que el pueblo panameño reciba una parte mucho más sustancial de lo que este negocio genera. Y, en función de eso, la propuesta que se ha planteado.
Este Proyecto de ley, también, habla de aumentar lo llamado ?derecho de llave? y establecer como una obligación el pago de ?derecho de llave?, porque aquí, lamentablemente, se dio la situación en que se permitió que salas de juego entrasen a operar sin pagar ?derecho a llave?, sin pagar por el derecho de entrar en este lucrativo negocio. Y este Proyecto de ley establece esa obligatoriedad de pagar el ?derecho a llave?, no lo deja a discrecionalidad de nadie, ni de la Junta de Control de Juegos, ni de ningún otro funcionario. Hay suma fija a pagar por el ?derecho a llave?. Además de eso, se señala que se dejarán sin efecto las concesiones a estas salas de juegos de máquinas tipo A que se dieron en el pasado, sin pagar el ?derecho a llave?. Estamos hablando, específicamente, de empresas como Lucky Bingo y Silver Cup, que ya son famosas, lamentablemente, por las publicaciones de reportajes investigativo que han hecho medios de comunicación en el País, donde ha salido a relucir que, en algunas de estas compañías, los beneficiarios directos de los dineros de estas compañías, las mismas reparten a sus accionistas, han sido los mismos funcionarios que, en su momento, dieron las concesiones.
Entonces, señor Presidente, así, a groso modo, podemos hablar de lo que han sido las modificaciones al Proyecto de ley, hay algunas más que en estos momentos se me están pasando, pero yo sí quisiera, antes de que se me acaben los treinta minutos de mi intervención, indicar lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema tributario, profundamente, inequitativo, un sistema tributario en el que los asalariados, como quienes estamos aquí, que recibimos un cheque del Estado, pagamos, en términos proporcionales, mucho más de nuestro salario en concepto de impuesto que lo que pagan grandes empresas que se dedican a actividades económicas, enormemente lucrativas. Estas empresas, a lo largo de los años y por distintos gobiernos, se han acogido a todo tipo de exoneraciones, regímenes fiscales especiales, incentivos, y cuantas argucias legales ustedes se puedan imaginar, para no pagar impuesto o para pagar sumas mínimas.
Y, reitero, en términos proporcionales, un profesional de la clase media de este País paga un porcentaje mayor, de su salario, en concepto de impuesto sobre la renta, que lo que paga un usuario de la Zona Libre en su empresa o un administrador de un casino o lo que paga una empresa portuaria o lo que paga un banco o lo que paga una compañía de seguro, que tienen todo un complejo sistema legal que les permiten cuantas ventanitas puedan ustedes imaginarse para escapar y no pagar lo que corresponde.
Entonces, este ajuste fiscal que hoy estamos discutiendo en segundo debate, es apenas, un paso pequeño, pero en la dirección correcta para que esos grandes intereses económicos comiencen a tributar más, para que esos intereses económicos comiencen a tributar en una proporción mayor, y es la base para que este mismo año, como lo ha anunciado el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus Ministro, el ingeniero Alberto Vallarino, se pueda presentar una reforma fiscal integral y, ya no, solamente unos ajustes tributarios. Una reforma fiscal integral, repito, en la que se le pueda hacer justicia, sobre todo, a las personas naturales, sobre todo a los asalariados y a los profesionales de la clase media, que hoy en día, pagamos sobre una tabla que llega hasta el 27% y que nosotros esperamos que, producto de estos ajustes y de las políticas fiscales que pretende llevar adelante la Administración de Ricardo Martinelli, podamos decirles a esos profesionales, a esos asalariados, que el día de mañana ya no van a tributar sobre 25, sobre 27% en sus ingresos, sino sobre 20 u, ojalá, sobre 15%, que le podamos decir a esos profesionales -y termino con eso, señor Presidente- que se les va a reconocer, por parte del Estado, los sacrificios que muchos realizan para que sus hijos vayan a escuelas privadas, porque las escuelas públicas del Estado no les está dando el trato y la importancia que se merecen. Porque ese sacrificio que realizan muchos padres y madres de familias no lo hacen porque les sobra el dinero, lo hacen ante la ineficiencia del Estado para proveer un servicio de calidad, en materia de educación pública, y lo hacen, sobre todo, pensando en el futuro de sus hijos.
Y, por eso, es necesario hacerle justicia a ese sector importante de la población panameña, pero para hacerle justicia a ellos, hay que exigirle a los cocotudos, hay que exigirle a esos grandes intereses económicos que se pongan la mano en el corazón, no solamente de teletón en teletón, sino durante todo el año, para pagar lo que corresponde en función de las ganancias cuantiosas que reciben, gracias a las condiciones favorables que le ofrece nuestro País.
Entonces, señor Presidente, con eso terminamos nuestra intervención, en primera vuelta, y le pido que nos anote para la segunda vuelta, en caso de que sea necesario, y estamos a las órdenes de cualquier colega de Oposición o de Gobierno que quiera preguntar sobre algún aspecto específico del Proyecto de ley.
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