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SEGUNDO DEBATE PROYECTO Nº 1- EQUIPARACIÓN
Lunes, 10 de agosto de 2009
?PRESIDENTE
Que un ujier, por favor, que retire el anteproyecto presentado por el Diputado Valderrama.
Vamos a cederle la palabra al Presidente de la Comisión de Hacienda, el Diputado José Isabel Blandón.
?HD.JOSÉ ISABEL BLANDÓN
El proyecto de ley que hoy entra en segundo debate es el proyecto de Ley 1, que fue presentado por el Ministro de Economía y Finanzas, el ingeniero Alberto Vallarino, el día 6 de julio y fue, precisamente, el 6 de agosto, un mes después, que en la Comisión de Hacienda, que me honro en presidir, se dio el segundo debate al mismo.
Durante ese mes, estuvimos en la Comisión de Hacienda realizando consultas, escuchamos a todos los sectores que quisieron participar del mismo, planteando sus inquietudes con respecto al contenido el proyecto de ley en discusión y al mismo se le realizaron una gran cantidad de modificaciones, al punto que el proyecto original tenía poco más de treinta artículos y el proyecto que hoy estamos discutiendo tiene 18 artículos.
Yo quiero, en esta primera intervención de este segundo debate, plantear que coincidimos plenamente con el planteamiento de fondo del Órgano Ejecutivo. En el sentido de que el Estado panameño tiene que hacer valer sus recursos, tiene que darle el valor que corresponde a sus propiedades y a las concesiones que otorga a los privados para explotar terrenos o actividades que son propias del Estado.
Para hablar del caso de los operadores portuarios. Los operadores portuarios operan sobre tierras que son del Estado, y operan en condiciones en las que no se puede ignorar que en Panamá tienen el gran beneficio de operar al lado del Canal de Panamá, una de las principales vías del comercio marítimo, que tiene una ventaja comparativa frente a otros países del área, por el solo hecho de estar en Panamá y de estar en la entrada del Canal, en donde transitan una gran cantidad de barcos todos los días y, por lo tanto, tienen una ventaja sobre los otros países. Al punto que en el estudio que realizara la Autoridad del Canal de Panamá en mayo del 2005, se señala allí que los puertos de Panamá cobran más que el resto de los países de la región y, sin embargo, son los principales puertos de esta misma región.
¿Por qué? Precisamente, por esa ventaja comparativa que tienen, por el hecho de operar en la República de Panamá y de poder formar pate de ese complejo logístico que incluye no solamente al Canal de Panamá, sino también, por qué no decirlo, a la Zona Libre de Colón. Entonces, Panamá tiene que sacarle provecho a sus propiedades, sacarle provecho a su ubicación geográfica y no sentir que quien viene a operar un puerto en Panamá es como que le estuviera haciendo un favor a todos los panameños.
Aquí se habla mucho de la seguridad jurídica y se dice que con este proyecto de Ley se podría estar afectando la misma y que se perderían trabajos y que una infinidad de otras profecías apocalípticas. Como bien lo señalaba el Ministro de Economía y Finanzas, en el primer debate, cuando aquí la Autoridad de Canal de Panamá, para efectos de financiar la ampliación de nuestro activo, tomó la determinación de aumentar los peajes, también hubo voces agoreras que señalaban que ese aumento en los peajes iba a significar que disminuyera el número de tránsito por el Canal y que los países usuarios del Canal iban a escoger la ruta del Canal de Suez u otra ruta cualquiera, porque se les iba a ser demasiado oneroso pasar por el Canal de Panamá.
Los hechos han demostrado a posteriori que todos esos vaticinios, esas profecías de que iba a venir a la catástrofe con el aumento del peaje han sido falsas, no ha concordado con la realidad de lo que ha ocurrido posteriormente. Y es, precisamente, cuando se hacen los estudios y se hacen las cosas con seriedad, Panamá puede sacarle provecho a las concesiones que dan a los terrenos que tiene como Estado y al mismo tiempo el sector privado, obtener beneficios y poder sacar dividendos de la explotación en estas actividades.
Y nosotros estamos seguros, y por eso apoyamos este proyecto de Ley, que lo que tiene que ver con la operación de los puertos, la operación de los juegos de suerte de azar y otras actividades que el Estado da en concesión, Panamá como nación, como Estado, no está en las condiciones actuales sacando todo el beneficio que podría sacar de las mismas, y más bien es el sector privado el que se está llevando la parte grande, en detrimento de todas esas obras sociales que este país requiere.
Cuando hablamos de seguridad jurídica, reitero, se invoca siempre en beneficio de los particulares, nunca en beneficio del Estado. Aquí hubo contratos que se hicieron, en el caso de los operadores portuarios, en los que se obligaban a pagar libremente una cantidad X de recursos para el Estado. Está el caso de Panamá Ports, para dar un ejemplo, que pagaban o se obligaban a pagar 22 millones de dólares al año por el uso de las tierras del Estado. Posteriormente, violando la seguridad jurídica del Estado, sin llegar a un acuerdo con funcionarios que debieron defender el interés nacional y no lo hicieron, a través de dos equiparaciones, Panamá Ports quedó pagando, el año pasado, 8 millones de dólares, cuando en el contrato que originalmente pactaron debieron haber pagado mínimo 22 millones de dólares.
En el caso de las operaciones de juego de suerte y azar, si uno observa las recaudaciones que ha obtenido el Estado en los últimos diez años, es evidente que producto de la equiparación que hizo el Secretario de la Junta, de por sí y ante sí, a favor de algunos operadores, se evidenció inmediatamente, el año siguiente, una disminución significativa de los ingresos para el Estado, que no vino a aumentar sino hasta el año 2008, pero producto que habían más máquinas operando, a raíz de una segunda equiparación que hizo el mismo Secretario de la Junta de Control de Juegos, de por sí y ante sí, decisiones que no pasaron ni siquiera por el Pleno de la Junta de Control de Juegos.
Y reitero, todos estos cambios contractuales, conocidos como equiparaciones, han tenido un denominador común, sea en la Autoridad Marítima o sea en la junta de Control de Juegos, o sea en la ARI, o sea donde sea, siempre han sido en beneficio de los concesionarios y en contra del Estado panameño y, por ende, en contra de los intereses de cada uno de nosotros, siempre han significado menores recaudaciones para el Estado, siempre han sido equiparaciones para el que tiene mejores condiciones y mayores ventajas y no equiparaciones a favor del Estado panameño, no se equiparan con el que más paga, se equiparan siempre con el que menos paga.
Y es por eso que este proyecto es conveniente, y estamos seguros, con la experiencia que tenemos en esta Asamblea, que lo que viene a este segundo debate no es perfecto y puede sufrir modificaciones, no lo dudamos. Seguramente los miembros de la Comisión en algunas cosas nos hemos equivocado y ese proyecto puede ser mejorado, pero ojalá que el espíritu de todos los que estamos aquí, seamos de Gobierno o de Oposición, sea que lo mejoremos para el beneficio del pueblo panameño, lo mejoremos para salvaguardar los intereses del Estado panameño, no que busquemos aquí modificar el proyecto para proteger intereses que están obteniendo pingües beneficios de lo que es propiedad del Estado panameño y que cada vez que pueden encuentren los subterfugios legales o la ventanita por las cuales escurrirse y dejar de pagar lo que le deben pagar al Estado panameño. Porque, reitero, 22 millones de dólares debía pagar Panamá Ports, mínimo, de acuerdo a su contrato de concesión y ocho millones de dólares fue lo que pagaron el año pasado.
En el caso de los juegos de suerte y azar, ocho millones de dólares se pagaban, aproximadamente, antes de la equiparación y después de la equiparación esas recaudaciones cayeron en 2 millones de dólares, dineros todos ellos que dejaron de entrar al Fisco, y que fueron dineros de menos para poder invertirlos en obras sociales, en carreteras, en escuelas, en salud, y en muchas otras cosas que, a diario, los electores de nuestros respectivos circuitos, los residentes de toda la República de Panamá piden y exigen con justificada razón.
En este proyecto de ley, por ejemplo, estamos señalando o más bien eliminando un artículo de la ley general de puertos, una ley que se aprobó aquí en el año 2008, el artículo 66. Y quiero hacer algo de historia sobre eso.
Cuando en el 2005 se presentaron ante el Pleno de esta Asamblea las tres adendas a los contratos de concesión de los operadores portuarios, yo estuve aquí como Diputado de Oposición en ese momento, y en este Pleno me paré y expliqué las razones por la que yo iba a abstenerme de votar a favor de esas adendas, porque consideraba, y aún lo considero así, que esas adendas no eran más que otra cosa que una equiparación, y que a pesar de que se había tratado de revertir en algo las equiparaciones que se habían hecho durante la administración de Ernesto Pérez Balladares y de Mireya Moscoso, aún a pesar de esas modificaciones, la equiparación del Gobierno de Torrijos seguía siendo una equiparación que era desventajosa para el Estado panameño, frente a lo que inicialmente se había pactado. Así lo manifestamos aquí en el Pleno, y creo haber sido el único diputado que se abstuvo de votar a favor de esas equiparaciones, de esas adendas en el año 2005.
Y, precisamente, durante esa discusión en esas adendas se hablaba de que los operadores portuarios iban a pagar nueve dólares al Estado panameño por cada movimiento de contenedor. Y le preguntamos al Ministro Encargado de Comercio, que estaba aquí para sustentar esa propuesta, al señor Manuel José Paredes, y eso consta en las actas de diciembre del 2005, que leímos durante el primer debate, le preguntamos, más o menos, textualmente, lo siguiente: ¿Qué se entiende por movimiento? ¿Cuando un contenedor llegue a nuestro país y es descargado y vuelve luego a cargarse, es un movimiento o son dos movimientos? Y el señor Ministro Encargado de Comercio, nos dijo: ?Diputado, ese ejemplo que usted está dando son dos movimientos?. Y en la ley general de puerto, cuando se define, se define en una forma tal que se entiende que son dos movimientos. Sin embargo, en la ley de puerto en un artículo posterior, en el artículo 66, se dice que va a ser un solo movimiento. Lo que el Ministro Encargado nos había dicho es que eran dos movimientos en la ley de puerto, y en el artículo 66 se dice que es uno solo, para efecto de los nueve dólares que se le deben pagar al Estado panameño. Pero la pregunta que le hemos hecho a los operadores portuarios y se la hicimos en el primer debate, y ojalá que estén aquí mañana para el segundo debate y lo podamos escuchar. La pregunta es: ¿cómo lo facturan ustedes a los usuarios de sus servicios, lo facturan como un movimiento o lo facturan como dos movimientos? Porque eso hace toda la diferencia del mundo. Porque es muy bonito pretender pagárselo al Estado panameño como un solo movimiento, pero cobrárselo al usuario de su servicio como dos movimientos. Y ese es un tema que yo debo decir que la respuesta que he escuchado hasta ahora, por parte de los operadores, no me satisface.
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